Luis Varela

SABER INVERTIR

Edición en línea del jueves 18 de junio de 2020

POR PROTESTAS DE LOS PRIVADOS, EL PRESIDENTE NO IRÁ AL HOMENAJE A LA BANDERA

 

El empleo público carcome a la economía argentina: Ay patria mía

 

Escribe LUIS VARELA
luisalbertovarela@hotmail.com

 

Es difícil encontrarle un costado positivo al covid-19. En todas partes está generando muerte, temor y desconcierto. Sin embargo, las secuelas del virus ofrecen algunos elementos ciertamente inquietantes que deben ser muy tenidos en cuenta por los estudiosos de la evolución de la sociedad.

Un efecto claramente beneficioso es el enorme crecimiento del home-office: miles de empleados que trabajan para empresas realizan tareas desde sus casas. Esto baja costos de instalaciones, alquileres, transporte, aglutinaciones y disminuye la contaminación ambiental. Permite, por ejemplo, que mucha gente que trabajaba cerca de los centros urbanos pueda reorganizar su vida, e ir a vivir a poblaciones con amontonamientos menores.

Y en la Argentina, inesperadamente, puso más en blanco sobre negro el fracaso económico que venimos experimentando desde hace años, con una presión impositiva que impide el desarrollo de negocios y la creación de empleo. Con la derivación obligada en mucha gente desesperada que termina refugiándose en un puesto en el Estado, realizando tareas que muchas veces están reñidas con la vocación de sus propias vidas.

Y lo peor del caso es que sobre todo en el Estado, la masa de empleados van aglutinándose en sindicatos que año a año reclaman salarios ajustados por inflación, sin importar de dónde sale el dinero, quién lo paga, y cómo se hace para cubrir mes a mes el dinero que hay que colocar en las cuentas de los empleados estatales (nacionales, provinciales o municipales).

Estudios privados indican que en la actualidad todo el sector público tiene 3,7 millones de empleados, y que de esa cantidad 700.000 personas reciben mes a mes sueldos que van de 120.000 a 470.000 pesos mensuales. Y la sorpresa que hubo en los organismos públicos al registrar los "viles" compradores de dólares en el mep o en el contado con liquidación es que muchos de los que aparecían en los topes de esas listas eran justamente esos empleados públicos más acomodados.

Ante el persistente reclamo privado, por el ahogo de la economía, evidenciado todavía más por la pandemia, se viene reclamando que el sector público haga un ajuste y se acomode a la creación de riqueza que va realizando el sector privado: si no hay generación de ingresos, no hay manera de cubrir el pago de los que trabajan para el Estado.

Por mala formación estructural, hay sectores del país que no fueron logrando desarrollo de empleo privado, y en vez de generar un marco con baja presión impositiva para que los privados se instalen en esos lugares, se fueron desarrollando empleos públicos, que en muchas zonas del país superan notablemente a la cantidad de empleos privados.

Sólo por citar un botón de muestra, según datos de la Fundación Libertad, en la provincia de Catamarca hay 171 empleado público por cada 100 empleados privados. Esto, en blanco sobre negro, significa que sobre el 100% de los empleos de la provincia el 36,9% son privados y el 63,1% restantes son empleados públicos. Obviamente, esos pocos privados, con el pago de sus impuestos, no alcanzan para cubrir el sueldo de los empleados públicos y la provincia termina requiriendo apoyo permanente de la Nación. Y lo mismo ocurre con al menos otras 8 provincias del país.

Y probablemente donde más se note este problema es en la evolución del empleo total que hay en el país. Según datos provistos hasta 2019 por el especialista Javier Lindemboim del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA (CEPED), en la última década el total de la población activa creció en 3,2 millones de personas, y al dividir a esa gente según el empleo que tiene se obtiene que el crecimiento fue de la siguiente manera:

 

 

 

a) Hubo una expansión de 922.880 empleados públicos, por lo que sobre el total de la torta pasaron del 14,67 al 16,85% del total de la PEA, con un crecimiento de 2,18 puntos porcentuales.


b) En segundo lugar hubo un crecimiento de 892.000 personas que son no asalariados, autónomos a la intemperie, que se las deben ingeniar como pueden para conseguir sus ingresos, por lo que pasaron del 24,91 al 25,37% del total, con un crecimiento de 0,46 puntos porcentuales.

c) El tercer lugar fue para el aumento de empleados en blanco, con una suba de 803.000 puestos, por lo que en el total de la torta de empleo retrocedieron de 36,01 a 34,34%, con un achicamiento de 1,67 puntos porcentuales.

d) El cuarto lugar fue para el aumento de los empleados en relación de dependencia pero en negro, que crecó en 578.000 puestos, al bajar sobre el total de la torta del 24,42 a 23,45%, con un achicamiento de 0,97 puntos porcentuales.

De manera permanente, diferentes sectores privados le advierten a cada gobierno de turno que este incremento del empleo público, que recibe salarios con ajuste por inflación, no puede ser abastecido por el crecimiento de riqueza de los privados, con una presión impositiva que ahoga a las empresas, que impide exportar y traer dinero cierto a la Argentina.

Y con la llegada del covid-19 los reclamos de los privados, con un enorme crecimiento de la pobreza, se fueron desatando cada vez más. Se le reclamo, con insistencia, por ejemplo, que los diputados y los senadores bajaran sus ingresos porque no hay dinero suficiente para pagarles.

En el Senado el tema ni siquiera se trató. En Diputados Sergio Massa dijo que iba a achicar el ingreso de los legisladores, pero ante una fuerte negativa de los que ocupan las sillas ahora virtuales, Massa terminó negociando con el Poder Ejecutivo el envío de fondos, que salieron de las arcas generales (de lo que aportan los empleados en blanco) y Massa terminó anunciando con satisfacción una donación, como si los diputados hubieran hecho un gran esfuerzo.

Y la gota que rebalsó el vaso se vio ayer. El Estado, sin financiamiento alguno, anunció que no dará ayuda a los privados para el pago de los aguinaldos. Y en un intento por aplacar los reclamos, se deslizó que para los empleados públicos con sueldos superiores a los 80.000 pesos por mes, el aguinaldo se pagará en cuotas.

¿Qué significa eso? Cada empleados público que cobra hasta 80.000 pesos recibirá en esta situación de emergencia 40.000 pesos de aguinaldo. Y los que ganen más que esa cifra lo recibirán en dos cuotas, una este mes y otra en julio. O sea, los 700.000 empleados públicos con sueldos mayores, recibirán este mes 40.000 pesos de aguinaldo y en julio un pago adicional de entre 20.000 y 230.000 pesos, con el país plagado de pobres, y con gente durmiendo en las calles.

 

Y lo que deja completamente con la boca abierta a los argentinos es la actual decisión del Presidente Alberto Fernández, de estatizar a una empresa privada en problemas como Vicentín, que estaba en convocatoria de acreedores, tratando de encontrar un socio privado que lograra reorganizarla. La solución que encontró el Presidente fue estatizar más, llevar más deuda y más gente a la estructura estatal. Ese absurdo es rechazado por buena parte de la población, por lo que para este sábado se preparan manifestaciones y movilizaciones en diferentes puntos de la Nación.

 

La elección del sábado para la protesta no es casual. Ese día se celebra el Día de la Bandera, en homenaje al día de la muerte del prócer Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano (1770-1820). El Presidente, como buen político, tenía pensado ir a las barrancas del río Paraná en Rosario, el 27 de febrero de 1812 donde Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina, creada por él con los colores de la escarapela, también obra suya. Por el rechazo de cuajo a la estatización de Vicentín, en Santa Fe se está desarrollando una pueblada en contra de la idea del Presidente. Por esa razón, y no por recomendación de su médico, Fernández no estará este año. ¿Qué diría Belgrano si viera en lo que nos convertimos? ¿Ay, patria mia?.

 

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